34 activistas mexicanos asesinados en 2017

Los activistas mexicanos pagaron durante 2017 una alta cuota de sangre: 34 fueron asesinados.

En medio de la crisis de violencia que vive el país, más ciudadanos que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos fueron asesinados en 2017. Las cifras dan cuenta del homicidio de al menos 34 activistas, la cifra más alta en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un recuento realizado por organizaciones sociales. Además, otros ocho defensores fueron desaparecidos.
Los grupos civiles critican que la impunidad –que en nuestro país alcanza al 99 por ciento de los delitos cometidos– ha contribuido a que estos crímenes aumenten y piden a los políticos, previo a las campañas rumbo a 2018, proponer planes y no sólo hacer pronunciamientos de condena.

La crisis de violencia por la que atraviesa el país alcanzó también los defensores de derechos humanos: al menos 34 de ellos fueron asesinados en 2017, de acuerdo con organizaciones civiles, cuyos líderes y representantes culparon a las autoridades de alimentar la impunidad y, con ello, contribuir al clima de violencia en contra de los activistas en México.

El número de homicidios dolosos en el país es histórica: de acuerdo con las cifras oficiales se abrieron 23 mil 101 carpetas por este delito en los primeros 11 meses del año que recién terminó, y faltan las que se sumen de diciembre pasado. Aun así, la cantidad de estos asesinatos no se había visto en los últimos 20 años.

En 2017, la violencia logró marcas inéditas entre sectores específicos de la sociedad: México es el lugar más letal para los sacerdotes en el mundo, con 23 asesinados; es de los primeros con más periodistas privados de la vida, con 13, y al menos 20 alcaldes fueron ejecutados, por ejemplo.

Lo mismo sucedió con quienes defienden los derechos humanos en diversas modalidades.

 La cantidad de activistas asesinados en el quinto de Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso un récord con 34 homicidios, cuando en 2013 –en el primer año del actual Gobierno federal– fueron asesinados 16; luego, en 2014, fueron abatidos 14, y en 2015 se reportó el homicidio de otros 15, mientras que en 2016 fueron 30.

También las desapariciones son un fenómeno contra las personas dedicadas a esta actividad y que acumula hasta ocho desapariciones de defensores sólo en 2017.

Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED- TDT), afirmó que hay una actitud “permisiva” en relación a la violación de los derechos humanos .

“Creo que deberíamos de tener un contexto más amplio para tener esta preocupación, junto con otras que se suman como la Ley Seguridad Interior, como lo ha sido este camino tan largo de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que son elementos que junto con la violencia tan grande hacen un caldo de cultivo muy grave para la seguridad, para la vida, para el trabajo de las personas defensoras”, dijo Ríos.

El 29 de noviembre pasado, justo antes de que la Ley de Seguridad Interior fuese discutida por el Congreso de la Unión, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció su respaldo a la iniciativa que pretendía dar funciones al Ejército que antes sólo tenían las policías. Y 15 días después, era aprobada por los diputados y senadores.

“Desafortunadamente, no ha habido un apego del Ejército y las Fuerzas Armadas a actuar con prácticas con apego a la ley. Creo que en este año ha sido muy triste el constatar de manera de visible lo que sucedió con la ejecución extrajudicial en Puebla, de un presunto huachicolero, sin investigar, sin que hubiera mecanismos de por medio para que se le llevara un juicio”, criticó Jorge Aguilar, miembro del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria.

El reclamo por la crisis en derechos humanos en México no sólo viene desde adentro del país, diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han alertado en la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en el mismo sentido.

Organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch,  la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras también han señalado el problema en el país.

El Gobierno mexicano se ha defendido también en varias ocasiones y ha señalado que reliza esfuerzos en la materia.

El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Édgar Cortez Morales apuntaló que no basta con que los políticos hagan un pronunciamiento sobre el clima de violencia que aqueja a los defensores de derechos humanos sino “compromiso”.

“No sólo que digan que les importan, porque eso es palabrería, lo que esperaríamos el que puedan concretar con qué acciones lo harían. Eso supone un proceso en donde debería de haber una política permanente de reconocimiento del trabajo de los defensores. Segundo, se tendría que restablecer un plan sobre cómo van a fortalecer la capacidad de investigación de las procuradurías. Y tercero, deberían hacer un compromiso Gobernadores y el Presidente en dar causa a la reforma del 102 Constitucional para tener una Fiscalía realmente autónoma”, señaló

ACTIVISTAS ASESINADOS EN 2017

– Marco Antonio Pazuengo Salazar

El 3 de enero del 2017 fue asesinado cuando protestaba en contra del aumento de la gasolina en la calzada México-Tacuba, al ser agredido por un policía preventivo. Pazuengo era un comerciante de 37 años. La protesta en la que participaba era pacífica.

– Freddy Cruz García y Alan Giovani Gutiérrez Contreras

Cruz fue abatido también fue asesinado cuando se protestaba contra el aumento a las gasolinas el 5 de enero del año pasado en Ixmiquilpan, Hidalgo. Su madre acusó a policías federales de ser los perpetradores de este asesinato.

Junto con Freddy Cruz García, Giovani Gutiérrez fue asesinado presuntamente por la Policía Federal en una de las protestas contra el gasolinazo que se extendieron por todo el país.

– Rafael Hernández y Marciano Martínez Cruz

Ambos activistas del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) fueron asesinados por sujetos desconocidos el 5 de enero en Putla de Guerrero, Oaxaca.

– Isidro Baldenegro

El premio Ambiental Goldman 2005 por su labor en la defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 15 de enero en Chihuahua.

-Juan Ontiveros Ramos

El defensor de la Sierra Tarahumara fue asesinado el 3 de febrero en la comunidad Choréachi, en el municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

-Humberto Morales Santíz

El cuerpo del adolecente fue encontrado el pasado 7 de marzo con un tiro en la cabeza. Morales de 13 años había salido a cortar leña en la comunidad El Carrizal, Ocosingo, Chiapas, cuando fue atacado. Su muerte se convirtió en una causa de exigencia por justicia del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

-Antonio Santiago González

El 19 de febrero fue asesinado a tiros Santiago González, quien hasta ese momento se desempeñaba como representante regional de la jefatura de Putla Villa de Guerrero, en la región de Oaxaca.

-Hiram Yusset Tejeda Salas

El 18 de marzo fue asesinado Hiram Yusset Tejeda Salas, quien fuese un cantante de canciones de protesta en contra de las desapariciones en el país. Tejeda fue privado de su libertad el 12 de marzo y luego ejecutado en Amatlán, Veracruz. Era conocido por ser un emprendedor del arte y del deporte.

-Benjamín Juárez José

El 6 de abril falleció en la cárcel de municipal de Juchitán, Oaxaca, el presidente suplente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Benjamín Juárez José, quien había sido detenido por policías municipales de Matías Romero un día antes.

-José Alberto Toledo Villalobos

Toledo era representante en Chahuites, Chiapas, del movimiento en resistencia al alza de las tarifas eléctricas, fue asesinado el 8 de abril en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera Tapanatepec.

-Gerardo Corona Piceno

El 19 de abril fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Corona Piceno, quien reclamaba justicia por la desaparición forzada de su hermano Álvaro Corona Piceno el 2 de agosto del 2012. Gerardo había señalado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de amenazas para no continuar sus reclamos.

-Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández y José Carlos Jiménez Crisóstomo

El 5 de abril policías estatales y elementos castrenses abrieron fuego contra los pobladores de Arantepacua, Nahuatzen, en Michoacán, en un supuesto intento de los comuneros de recuperar dos decenas de vehículos retenidos. Ese mismo día 38 campesinos de la comunidad habían sido detenidos en su camino a Morelia para buscar una solución a un conflicto de tierras.

-Gordom Strom

Originario de Estados Unidos, vivía desde seis años atrás en Teocelo, Veracruz, donde realizaba trabajo comunitario. Su cuerpo fue hallado sin vida al interior de su casa.

-Miriam Rodríguez Martínez

El 10 de mayo fue asesinada en Tamaulipas. La activista del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando fue atacada afuera de su casa, en ese municipio. Falleció en su camino al hospital. La activista mantenía una lucha desde el 2012 por el secuestro de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, cuyo cuerpo halló la madre en el 2014 y llevó ante la justicia a los criminales.

-Juan José Roldán Ávila

El comunicador y activista por los derechos de la comunidad LGBTTT, Juan José Roldán Ávila, de 36 años de edad, fue hallado muerto el 16 de abril en el camino a Calpulalpan, Tlaxcala. Su caso fue retomado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

-Miguel Vásquez Torres y Agustín Vásquez

Un grupo de sicarios atacó ca ambos hermanos en el municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, en la tarde del 20 de mayo. Miguel era maestro y fue entre el 2014 y 2017 presidente de bienes comunales del pueblo, cargo en el que logró la restitución de tierras para su comunidad y promovía la educación para las comunidades wixárricas.

-Rodrigo Guadalupe Huet Gómez

El 22 de mayo fue asesinado el defensor Rodrigo Guadalupe Huet, por parte de atacantes de la comunidad de Nuevo Guadalupe Victoria, en el municipio de Ostuacan, Chiapas. Se desempeñaba como defensor comunitario en un conflicto por tierras de las comunidades Nueva Libertad y Cruztón.

-Jennifer López

El 21 de mayo fue hallado sin vida el cuerpo del activista por los derechos lésbico-gay Jennifer López en la ciudad de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero. Su cuerpo fue hallado con las manos amarradas. Se ganaba la vida trabajando en una estética.

-Eleazar Vargas Lara

El 5 de junio fue asesinado Eleazar Vargas Lara por hombres armados que lo ejecutaron en su casa en Iguala, Guerrero. Vargas se desempeñaba como el líder de la Asociación Colonos Unidos por Iguala.

-Alejandro Camarillo Beristain

El 18 de junio fue encontrado sin vida el ex perredista Alejandro Camarillo debajo de un puente de la carretera a Atlixco, casi al llegar a la carretera federal Atlixco-Puebla. Camarillo se desempeñaba como columnista de distintos medios locales. Su cuerpo estaba atado y se presentaba con señales de tortura.

-Meztli Sarabia Reyna

La joven era hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”. Meses antes, las amenazas en su contra habían generado la alerta de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

-Alexandra Castellanos

El cuerpo de Castellanos fue hallado sin vida la mañana del 24 de diciembre en la colonia Jardines del Zapote, en el municipio Tlajomulco de Zuñiga. Un día antes había denunciado el ataque de dos balazos en contra de su domicilio. La activista fue asesinada pese a tener medidas de protección por parte del Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco. Cinco días más tarde, cuatro presuntos culpables fueron detenidos por las autoridades jaliscienses.

-Salvador Magaña Martínez

El 24 de diciembre fue asesinado Salvador Magañas, quien había denunciado a empresarios clandestinos en la región de la huerta en Jalisco. Había denunciado el despojo de las playas de dicha zona.

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