Colunmista, Lilia Arellano desde Cancun.

DE ARRIBA PARA ABAJO Y DE ABAJO PARA ARRIBA

No sólo la administración pública federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, acumula irregularidades en el manejo de los recursos de la Federación, también los gobiernos estatales, particularmente aquellos en los cuales recientemente hubo cambio no sólo de administración sino también de partido en la silla estatal. Las gestiones de Javier Duarte, en Veracruz; Gabino Cué, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla; y Roberto Borge, en Quintana Roo, entre 12 mandatos estatales quienes concluyeron en 2016, no han podido acreditar el ejercicio de recursos por 70 mil 792 millones de pesos. Esto se refleja en un impacto negativo principalmente en los programas sociales contra la pobreza, en materia de salud, educación y seguridad pública, por el desvío de recursos hacia objetivos ajenos a estas políticas.

Hasta el momento, las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son: 42 mil 615 millones de pesos del gobierno de Veracruz; 9 mil 105 millones en Oaxaca; 4 mil 706 millones en Puebla; 4 mil 383 millones en Quintana Roo; 3 mil 923 millones en Zacatecas; 3 mil 247 millones en Sinaloa; 3 mil 256 millones en Durango; mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo. El resto de entidades donde en 2016 hubo cambio de administración tiene saldos relativamente bajos en comparación con los ocho gobiernos mencionados: Tamaulipas, 977 millones de pesos; Tlaxcala, 352 millones; y Aguascalientes, 63.9 millones de pesos entre 2011 y 2016, de acuerdo a los reportes de la ASF.

También se detectaron retención de impuestos no transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pagos de nómina con partidas no asignadas para esos conceptos y, en ese último año, se ha agregado manipulación en el ejercicio de las participaciones federales. En la cuenta pública 2016 es la primera ocasión en la cual la ASF ejerce sus nuevas facultades para revisar no solamente el gasto federalizado –como lo hacia hasta 2015-, sino también en dos nuevos rubros, para abarcar gran parte del gasto en las entidades: el ejercicio de las participaciones federales y el uso que los gobiernos confieren al dinero obtenido mediante deuda pública.

En las denuncias presentadas por la ASF, derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, durante el año pasado (2016), en Veracruz, cuando gobernaba Javier Duarte, fueron desviados 14 fondos, de los que el ex mandatario sustrajo 14 mil 225 millones de pesos. El Informe Especial sobre la Fiscalización y sus Resultados del estado de Veracruz, destaca: de ese monto a la administración estatal le corresponde el 97.1 por ciento, más de 13 mil millones de pesos, mientras que a los municipios solamente el 2.9 por ciento, con 417 millones 680 mil 500 pesos.

Por otro lado, además de las numerosas irregularidades administrativas, el ex gobernador Javier Duarte recibía sobornos del grupo criminal de Los Zetas, de acuerdo a un estudio realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho la Universidad de Texas a las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales realizados en Estados Unidos contra miembros del grupo Los Zetas.

En cuanto al último año del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, la fiscalización de la ASF permitió ubicar manejos irregulares en las participaciones federales por un total de 4 mil 383 millones de pesos, en los cuales destacan: “En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo, lo cual generó un probable daño a la hacienda pública por 2 mil 62 millones de pesos”.

Roberto Borge, quien cayó preso en Panamá la noche del 4 de junio, pasa sus días en las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá en Ancón, suburbio en el oeste capitalino de ese país, en una jaula sin baño, con barrotes de hierro de una altura aproximada de un metro y 80 centímetros y una superficie de seis metros cuadrados -dos de ancho y tres de largo-. Esposado de pies y manos, es vigilado permanentemente por una cámara de video y audio que capta las conversaciones del ex gobernador de Quintana Roo con su equipo legal, de acuerdo con su abogado panameño Sidney Sittón. El olor de la venganza está presente.

Por lo referente a Oaxaca, en el último año de Gabino Cué al frente del gobierno, se localizaron irregularidades por un monto de 3 mil 950 millones de pesos. Entre estas, sobresalen 572 millones de pesos por la retención del Impuesto Sobre la Renta al personal de salud, no enterados al SAT; 856 millones de pesos transferidos al gobierno de esa entidad que fueron ejercidos en clara violación a las leyes de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, entre otras.

El pasado mes de mayo, la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura de Oaxaca acordó iniciar un juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo por un presunto saqueo de más de 30 mil millones de pesos. “Gabino Cué irá a la cárcel, será el primer gobernador que irá a la cárcel en la historia moderna de Oaxaca. ¡Se lo merece! La gente de Oaxaca, desde el hombre y la mujer más humilde, hasta los más acaudalados, coinciden en que se lo merece”, dijo en esa ocasión el senador del PT, Benjamín Robles Montoya.

Los ex secretarios de Finanzas en el sexenio de Gabino Cué, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, ingresaron en el mes de septiembre al penal de Ixcotel por el delito de peculado al desviar, junto con el entonces secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, 100 millones de pesos destinado a la construcción y equipamiento de unidades de salud en municipios de alta pobreza. El Juez de Control de Distrito Judicial de Valles Centrales, Armando Plácido González, los vinculó a proceso.

En Sinaloa, el SAT destaca entre las principales inconsistencias –las cuales suman 2 mil 80 millones de pesos- en el ejercicio de las participaciones federales, el gobierno estatal no realizó transferencias a los municipios por mil 698 millones de pesos sin que se identifique hasta ahora su destino, y 144 millones de pesos de impuestos retenidos no enterados al SAT.

Hay otras entidades donde no hubo cambio de gobierno en 2016 y el monto de las anomalías registradas es notable. Entre ellas sobresalen el Estado de México, con 2 mil 63 millones de pesos; Michoacán, con 2 mil 533 millones; Chiapas, con mil 518 millones, y Nuevo León con mil 707 millones no acreditados en su ejercicio. En el caso de Michoacán, reportó el gasto de mil 388 millones de pesos sin que a la fecha del cierre de la auditoría se presentara la documentación comprobatoria de su ejercicio. Tampoco se pudo comprobar en las partidas la cuales el gobierno dijo ejercer para atenuar la deuda, se haya evidenciado en el balance de este rubro.

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