“LA ETERNA MENTIRA; DECIR QUE UNA LEY POR SI MISMA CAMBIA LA REALIDAD”, LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Por:  Juan Hernandez Mercado

SEGUNDA PARTE y CONTINUIDAD DE LA PRIMERA

“Una vez que se han enumerado diversas circunstancias que nos muestran la situación que vive el Estado de derecho en México, falta para tener completa la radiografía y verificar la situación de la democracia en el país, para ello parto de la siguiente hipótesis: “el deficiente marco institucional y parcialidad del mismo para favorecer a una oligarquía que nos gobierna es el principal obstáculo para el desarrollo democrático del país, impidiendo la posibilidad de acceder al poder de grupos políticos que no garanticen la continuidad del modelo neoliberal”. Para probarla se visualizarán las elecciones presidenciales desde 1988 a 2012, donde podemos identificar por lo menos dos crisis institucionales de grandes dimensiones.

 

La primera la encontramos en 1988, donde el frente democrático encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, según diversos estudios realizados, obtuvo el triunfo electoral frente al candidato Carlos Salinas de Gortari, creándose en la ciudadanía una percepción de que se maquinó un fraude electoral para justificar el triunfo del PRI, sobre lo cual se documenta en el libro Martha Anaya;7 aquí tenemos la primera cerrazón a la izquierda por parte del sistema para que pudiera acceder al poder. Se podría objetar que en aquella época no existía el Instituto Federal Electoral y que no puede ser tomado en cuenta como referente de falta de institucionalidad, sin embargo, esta objeción es débil una vez que veamos todo el mapa completo de 1988 a 2012, lo que nos permitirá entender por qué la percepción de fraude electoral no es una casualidad.

 

En las elecciones del año 2000 se da un hito en el sistema político mexicano, el Partido Revolucionario Institucional pierde la presidencia de la República después de 70 años de gobernar ininterrumpidamente el país, lo que dio pauta para decir que el sistema político mexicano había transitado a la democracia, y que de la noche a la mañana ya éramos una democracia; se escribieron libros enteros al Instituto Federal Electoral donde se le ponía como el modelo a seguir en el mundo por su imparcialidad y garantía para los procesos electorales, sin embargo, llegó la elección presidencial de 2006, donde un candidato de izquierda, en este caso Andrés Manuel López Obrador, estaba al frente de las encuestas y preferencias electorales; en ese proceso electoral la intervención del Instituto Federal Electoral fue claramente parcial para el candidato oficialista, como deja constancia el hecho de no haber realizado ninguna acción concreta en la intervención descarada de los grupos oligárquicos para favorecer los intereses del candidato del PAN, Felipe Calderón, violentando con ello la legislación electoral. Hay estudios, como el de José Antonio Crespo,8 donde se detallan claramente las irregularidades electorales y que en sentido común y de acuerdo con los principios del derecho electoral se debió haber anulado la elección presidencial; por ello sostengo que en este caso el IFE no fue objetivo ni imparcial, al contrario, contribuyó a que el presidente Felipe Calderón llegara a la presidencia sin legitimidad, así esta institución electoral no cumplió con la característica que nos indica Pzeworski para tener una democracia consolidada, es decir, ser imparcial; a su vez, tampoco se pude decir que se cumpla con la característica menciona por el autor referente a permitir un libre acceso al poder para todas las fuerzas políticas, en virtud de que por segunda vez se le cierra la puerta a la izquierda para gobernar. Un observador atento a la problemática política debería cuestionarse ¿por qué en el caso del año 2000, el IFE no favoreció al candidato oficial e incluso proclamó presidente al panista como síntoma de una fiesta democrática? Y en 2006 ¿por qué hizo mutis y favoreció al candidato oficial no siendo imparcial y objetivo? Considero que la respuesta tiene que ver a que la oligarquía de este país tiene un proyecto transexenal que inició desde 1982 con el presidente de La Madrid, implementándose claramente con Salinas y Zedillo, que tiene que ver con desmantelar todo el Estado social de derecho mexicano, producto de la Revolución mexicana para implementar un Estado de libre mercado, por lo que los tecnócratas que tomaron el poder en los ochenta del PRI ideológicamente tienen el mismo proyecto de los panistas. En consecuencia, mientras que no se ponga en riesgo este plan transexenal puede seguir habiendo alternancia en el poder presidencial entre los partidos que representan el proyecto neoliberal, pero cuando aparece un tercero que amenace descarrilar este proyecto, el sistema se cierra e impide que acceda al poder, aunque tenga el triunfo electoral en las urnas; por ello, tomar como referente el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas nos ayuda a ejemplificar todo el mapa que pretendo presentar como validación de mi hipótesis. Tenemos que el diseño institucional está al servicio de esta minoría plutocrática, por lo que, siguiendo a Przeworski, este sistema electoral como está no genera la confianza en los actores políticos para su acatamiento, por lo que el mismo diseño institucional contribuye a generar los conflictos poselectorales que ponen en peligro lo poco de democrático del sistema, ya que confronta a la población y deslegitima a todas las instituciones del Estado.

 

Ahora bien, si hemos demostrado que la realidad contradice profundamente los postulados normativos contenidos en la Constitución, la pregunta sería entonces para qué se han establecido diversas figuras e instituciones jurídicas; para encontrar una posible respuesta a esta interrogante veamos dos bloques de reformas constitucionales que han reconfigurado el sistema jurídico mexicano formalmente.

 

El primer bloque es aquella que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, donde se hacen diversas modificaciones al capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevándose a cabo la sustitución del concepto de garantías individuales por el de derechos humanos, además de incorporar constitucionalmente los derechos contenidos en tratados internacionales sobre derechos humanos. Con base en ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la resolución del expediente 912/2010 en octubre de 2011, introduce en el sistema jurídico mexicano, como dice el ministro José Ramón Cossío: “la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por el CoIDH (sic) respecto del Estado mexicano, el PODER JUDICIAL y la propia Suprema Corte”.9 A su vez, se introduce la obligatoriedad de llevar “a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad”,10 los principios pro persona y la cláusula de interpretación conforme. Elementos que obligan a todas las autoridades del país a que en sus actuaciones respeten los derechos humanos, con la agravante de que de no hacerlo, los afectados pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para poder ser restituidos en sus derechos humanos violentados. Sin embargo, como hemos visto, las violaciones a los derechos humanos en el país es una práctica sistemática sin que existan sanciones reales para los perpetradores, incluso la CNDH ha sido denunciada por su inoperancia por las víctimas de violaciones de derechos humanos; en consecuencia, es claro que esta figura jurídica que ha recibido muchos halagos no es otra cosa que un discurso jurídico lanzado por la clase política en el poder para legitimar el ejercicio de su poder ante la ciudadanía y ante instancias internacionales para buscar apoyos económicos y políticos, así como para aparentar una normalidad política en el país, pero el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha dejado claro que esta pretendida apariencia estatal de un gobierno garante de derechos humanos es falsa y revela que México es un país donde no están garantizados ni los más mínimos derechos humanos, como la vida, la libertad y la seguridad.

 

El segundo bloque incluye dos reformas constitucionales, las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012 y el 14 de febrero de 2014; la primera referente al establecimiento de la figura de democracia semidirecta denominada consulta popular, y la segunda que implica la modificación de 29 artículos, las adiciones de 11 y la derogación de uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconfiguración del sistema electoral que dieron origen a la creación del nuevo órgano electoral, ya que el IFE dejara de existir para dar lugar al Instituto Nacional Electoral mismo que será un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Este órgano podrá, mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, realizar la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A su vez, a petición de los partidos políticos, podrá organizar las elecciones de sus órganos de dirección. Corresponderá al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos autónomos, lo que implica que ya no será facultad de las autoridades locales. Ahora bien, ambas figuras jurídicas dan la percepción de que México es un país plenamente democrático con mecanismos de participación ciudadana, pero, como se ha comprobado párrafos arriba, el INE no es un árbitro electoral independiente sino que responde a los partidos políticos, referente a la consulta ciudadana desde su estructuración hace nugatorio el derecho, por el alto número de ciudadanos que pide para su procedencia, el filtro de la SCJN y en caso de pasar estos diques para que sea obligatoria requiere la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, cifra que es imposible de alcanzar; en consecuencia, estas figuras que pretenden dar apariencia electoral al sistema jurídico-político mexicano no son más que discursos jurídicos sin contenido real, que buscan legitimar a la oligarquía que gobierna este país y pretender hacer parte a la ciudadanía en las decisiones políticas, sin que ello sea así, ya que políticas que trastocan las decisiones políticas fundamentales, como el caso de la reforma energética, la clase política cierra la puerta a la ciudadanía y no escucha su sentir, actuando antidemocráticamente, poniendo con ello en crisis la existencia del Estado democrático de derecho.

 

Finalmente, quisiera terminar este ensayo manifestando que el reto para los juristas es grande, ya que tienen que reconstruir el Estado democrático de derecho prácticamente de las cenizas, por lo que se requiere de inicio sensibilidad social, reconocimiento de la situación del país y humildad para reconocer que para dar contenido al derecho se requiere de la participación de diversos científicos sociales y naturales, pero, a su vez, también es responsabilidad de la ciudadanía recuperar el sentido de lo público reivindicando el uso de lo político como conflicto, y la política como medio de solución de los conflictos elementos que nos muestra Chantal Mouffe11como condición indispensable de construcción de democracias.”

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10290/12309

 

La coincidencia con este jurista no y la transcripción de su ensayo no es solo por su planteamiento y la seriedad del mismo, es por la coincidencia también de la existencia de un Estado fallido, el cual es un concepto polémico tanto en la ciencia jurídica, como en la política, situación negada por el gobierno mexicano en todos sus ámbitos, pero que yo sustento a partir de los elementos fundamentales; todo Estado tiene como obligación fundamental el salvaguardar y proteger la integridad física de sus habitantes o de quien se encuentre en México, sin importar su calidad migratoria, y como complemento el castigo a quien violente no solo la integridad física o algún derecho humano de quien esté en nuestro país, lo cual no ocurre, así se presenta el homicidio, el secuestro y el robo entre otros ilícitos de forma recurrente y como complemento el hecho de que uno de  cada cien delitos denunciados es castigado, sin contar los no denunciados.

 

La conclusión del ensayo transcrito es contundente nuestro Estado de Derecho es casi inexistente y de paso nos coloca en condición de Estado Fallido por incumplimiento y omisión en funciones elementales, para colocar en la platina de los análisis políticos y económicos presentes y futuros la faceta de la narcopolítica, condición atípica por medio de la cual el narco consiguió vincularse con la política y como los políticos cuya fragilidad de principios y de ideologías definidas los convirtió en personajes proclives a establecer vínculos con diversos personajes de narco.

 

Lo cual explica en buena medida la profundización de la corrupción, la impunidad y el número ascendente de homicidios, la violencia extrema con que se ejecutan, hasta llegar a la clonación de las tarjetas de debito para con los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

 

La tercera parte corresponderá a determinar de qué tipo de seguridad “Hablamos de la Seguridad de la sociedad, la del Estado o de ambas?

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